El Gobierno prepara más recortes para las eléctricas y las renovables en un nuevo intento para poner fin al déficit de tarifa y evitar que se convierta en un problema financiero para España. El nuevo ‘tijeretazo’ a las energías verdes puede dar jaque mate al sector, sobre todo a las plantas fotovoltaicas.
En este escenario, el Ejecutivo ha ofrecido a los promotores arruinados y a aquellos que no puedan hacer frente a un concurso de acreedores la opción de entregar las plantas a la Sareb (popularmente conocido como ‘banco malo’) para saldar con ello cualquier riesgo de una posible ejecución de los avales u otro tipo de responsabilidades. De modo que el sector financiero saldrá beneficiado.
En España hay casi 60.000 instalaciones, la mayor parte financiadas con créditos de bancos domésticos, que tienen una exposición al sector que ronda los 15.000 millones de euros, según los cálculos de la industria fotovoltaica. Los recortes en las energías renovables habían puesto ya contra las cuerdas a los promotores, que se habían visto obligados a renegociar con las entidades los préstamos, a menudo con mayores tipos de interés.
Un nuevo ‘tijeretazo’ aumentaría aún más los impagos y con ello la morosidad en la banca, que cerró enero (últimos datos disponibles) en el 10,7%. Sin embargo, la cesión de las plantas a la Sareb evitaría este problema.
Según aseguró ayer Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) a Europa Press, la cesión del activo al 'banco malo' implicaría una merma para el propietario, que no podría recuperar las cantidades invertidas en su día ni la amortización, y que se vería abocado a recibir una cantidad a valor de mercado que podría rondar el 50%.
De esta forma, los gestores de la Sareb o los futuros propietarios podrían hacer uso de unas plantas que, pese a recibir un 50% menos de retribución, también les han costado la mitad.
Para el presidente de Anpier, este proceso es una "expropiación encubierta" y podría responder a una "estrategia" para que la propiedad de miles de plantas pertenecientes a 55.000 inversores particulares acaben en unas pocas manos, si bien prefiere no hacer acusaciones concretas.
