Lo más llamativo fue que la fiscal no pudo probar las acusaciones contra sus integrantes, pese a lo cual mantuvo la petición en conjunto 72 años de cárcel -tres años y nueve meses y 6.000 euros para cada uno de sanción- por un delito contra el derecho al trabajo. Además, ante esa manifiesta falta de pruebas, la fiscal añadió otro delito de coacciones, por si los anteriores «no son atendidos» por la juez, según expresó.
La Fiscalía mantiene su demanda de tres años y nueve meses para cada uno de los acusados por «delito contra el derecho al trabajo» durante la huelga general de enero de 2011. Ainhoa Etxaide (LAB) argumenta que a quien habría que sentar en el banquillo es a la patronal y a los gobiernos.Insisten en pedir 18 penas de cárcel por el piquete de Gernika - GARA